V Congreso de Antropologia Social |
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La Plata - ArgentinaJulio-Agosto 1997 |
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TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD EN ZONA URBANA
5° CONGRESO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL LA PLATA, 29 de Julio al 1° de
agosto de 1997
MURGIDA Ana María.
Dirección : Lartigau 663 - Wilde - Pcia Bs.As.
Teléfonos : 295 1933 / 206 4648
Institución : UBA - Facultad de Filosofía y Letras
Comisión de Trabajo : Problemas socioambientales, movimientos poblacionales
y relocalizaciones.
Lugar de Trabajo :Seminario de Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Dto. de Geografía
Cargo : Seminarista
El presente trabajo aborda el caso de impacto social acaecido en el partido de Ezeiza, (segundo anillo del Conurbano Bonaerense), durante los meses del verano y otoño de 1996 cuando se iniciara la construcción de un electroducto de alta tensión de 132000 Voltios.
Los actores sociales implicados en el caso son los habitantes del partido de Ezeiza, ( vecinos del casco urbano de la ciudad de J. M. Ezeiza y vecinos de Spegazzini), y la empresa eléctrica EDESUR S.A.
El conflicto fue suscitado por la instalación de una línea de alta tensión a través una zona céntrica, y de una subestación transformadora junto a una escuela primaria.
Dicha obra responde a las necesidades de consumo eléctrico, tanto del sector residencial como industrial local y de partidos aledaños.
En el conflicto se observó la organización de un movimiento social que convocó a distintos sectores de la comunidad afectada. En el mismo participaron entidades de bien público, vecinos independientes, y organismos oficiales.
Entre la documentación revisada referida a la gestión de la obra, nos encontramos con la total ausencia de estudios de impacto social.
En el G.B.A. el ensanchamiento de la "mancha urbana" hacia la periferia, conforma un segundo anillo muy poblado que presenta necesidades crecientes, entre ellas servicios tales como la electricidad.
La demanda está conformada por una alta densidad de población consumidora de energía eléctrica por kilómetro cuadrado ; entre ellos se cuentan : los habitantes, la concentración de industrias, y el incremento de las frecuencias de los ramales eléctricos del servicio de transporte ferroviario urbano.
En la Argentina el sistema energético responde a una estructura económica, donde la energía no constituye un problema de escasez, sino que es perfectible ya que la falta o deficiencia del servicio, en la mayoría de los casos puede ser solucionada con ampliaciones de obras ya existentes.
El servicio de electricidad es llevado a cabo por las empresas eléctricas privadas. Estas aparecen con la Reforma del Estado iniciada en los años ´90 ; luego de privatizada y dividida la empresa eléctrica estatal SEGBA, que tenía como jurisdicción el GBA. Luego de la privatización, el servicio de distribución quedó en manos de las empresas EDESUR S.A., EDENOR S.A. y EDELAP S.A.
El nuevo régimen que regula el sector eléctrico, se enmarca jurídicamente con la Ley Nacional 24 065. En ella se contemplan, las obligaciones y derechos de empresas, el impacto en el sistema ecológico, y en el sistema social, y se indica cual es el organismo que regula las actividades de las empresas en representación del Estado. Respecto de atenuar un posible impacto se indica expresamente que se debe recurrir a estudios de evaluación y diagnóstico socio - ambientales, y mantener un diálogo informativo y conciliador con la comunidad involucrada en la zona de ejecución de la obra.
En el marco del Seminario de Energía Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha llevado a cabo el seguimiento de un conflicto que involucra a distintos actores sociales :la empresa eléctrica EDESUR S.A., los vecinos del partido, y el ENRE en una causa de carácter jurídica.
Es un trabajo de campo que describe el proceso registrado en Ezeiza, y expone los problemas que pueden surgir por la falta de una evaluación - diagnóstico llevada a cabo por personal capacitado, y la carencia de diálogo negociador entre las partes afectadas por el proyecto, previos a la ejecución de una obra de carácter público.
Este trabajo es en su mayoría cualitativo, de acuerdo a los objetivos propuestos inicialmente. Se han identificado los agentes con los que se puede llevar a cabo una práctica reflexiva de construcción de la información, categorías y conceptos fundamentales para resolver las cuestiones planteadas.
Las técnicas de trabajo empleadas fueron entrevistas abiertas, no dirigidas, observación con y sin participación - en reuniones, asambleas barriales o manifestaciones callejeras.
Los datos que comienzan a cobrar su sentido en el contexto específico articulando los niveles local y estatal. Ello permite revelar las relaciones sociales en el espacio barrial, y extra - barrial, e institucional.
Las fuentes secundarias empleadas, proveen de datos cuantitativos y cualitativos, los que se cruzan y completan la información empírica.
En 1995 la empresa EDESUR .S.A. decide efectuar una ampliación en su mapa de distribución de la electricidad debido a las dificultades a las que se enfrenta un importante sector del GBA.
Las decisiones y justificaciones de la empresa aluden a los estudios de proyección en la demanda que se han efectuado en la zona del segundo anillo del GBA. De acuerdo a ello, se hace imprescindible la construcción de una nueva subestación.. Estos argumentos fueron aceptados por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), organismo que representa al Estado, e interviene para regular las acciones de EDESUR S.A., EDENOR S.A. y EDELAP S.A.
El incumplimiento de prerrogativas correspondientes a la etapa de prefactibilidad de la obra, resultó en un especie de efecto bumerang : una explosión comunitaria debida a la falta de comunicación de la información correspondiente al emprendimiento y una vez iniciado el conflicto, por una falta de diálogo negociador y conciliador entre la empresa y la población afectada.
Una vez que los frentistas se enteraron que los pozos hechos en las veredas formaban parte de un proyecto de elevar torres de alta tensión por los frentes de las viviendas, se pidieron la intervención de las autoridades del nuevo partido de Ezeiza y de las del Aeropuerto Internacional.
El reclamo de la comunidad se refería a la inconveniencia de que el electroducto, conductor de 132 kV pase por los frentes de las propiedades que albergan viviendas permanentes. El reclamo era puntual, por lo que recurrieron a las instituciones que pudiesen mediar tales como: el ENRE y la justicia.
De acuerdo a la legislación que rige para los emprendimientos de las empresas concesionarias surgidas por la reforma del Estado, la relación con la comunidad se resume en una Audiencia Pública donde la empresa expone las características de la obra, y evacua las dudas del público presente, entre los que se encuentra el ente correspondiente.
Pero la Audiencia Pública que se llevó a cabo resultó cuestionada por la metodología de comunicación empleada, y por la falta de participación de actores directamente afectados y el desconocimiento del tema por parte de algunos de los asistentes y de la zona donde se emplazaría la obra por parte de autoridades que debían aprobar el proyecto.
La formalidad había sido cumplida, el resultado fue el otorgamiento del Certificado que acredita la conveniencia y necesidad de la obra. La comunidad de Ezeiza se vio afectada por el emprendimiento de una obra en franca inobservancia de la legislación vigente, sobre la protección del medio ambiente, y el impacto social.
Dado que las acciones emprendidas por la empresa eléctrica repercuten en el medio ambiente, en definitiva en la calidad de vida de la comunidad, las decisiones no deben ser tomadas de manera unilateral. Es uno de los requisitos (señalados en la legislación sobre el tema),que hacen a la convivencia entre las partes interesadas es que haya un acuerdo. Lo significativo del acuerdo es que, para que sea viable, las partes deben estar perfectamente informadas a la hora de sentarse a discutir.
Como en los barrios de Ezeiza atravesados por el electroducto, no llegó la información antes de la iniciación de las obras, el impacto social representa un hecho no esperado por ninguno de los organismos responsables en la cuestión.
Las reuniones en casas de los vecinos, en las entidades de bien público, y los comentarios callejeros no se hicieron esperar.
La reacción fue la de investigar por todos los medio y de manera rápida pues toda vez que han consultado a la empresa eléctrica hubo evasivas, y las tareas no se detuvieron.
Los vecinos independientes se fueron agrupando de acuerdo a distintas maneras de interpretar el conflicto y la defensa de la comunidad, e imprimieron numerosos volantes informativos. La mayoría de los cuales presentaban la cuestión de extrema gravedad, algunos invitaban a los vecinos para participar de marchas. Nadie los firmaba ; a lo sumo colocaban al pie: "vecinos de Ezeiza". De esta manera, cada uno de los grupos de vecinos y de entidades que participaban en el conflicto intentaba liderar "la movilización comunitaria", a partir de la eficiencia que tenían en la convocatoria a las reuniones o marchas.
La Cámara de Comercio presidida por los rematadores de la zona, se transformó en el centro formal de las reuniones. Desde allí se iniciaron trabajos de investigación encargados a profesionales en el tema, y las acciones legales tendientes a que se revea la traza del electroducto, puesto que su tendido desvalorizaba las propiedades.
Las nueve entidades participantes y los vecinos informados de los barrios; se encargaron de socializar la información respecto del tema, la que alertó y alarmó a la población, poniendo el énfasis en los perjuicios a la salud de la población y en especial de los niños.
Aunque por la vía judicial el tema de los estudios a cerca del impacto en la salud no era tenido en cuenta, ese mismo argumento fue entendido como legítimo por la comunidad que se movilizó.
Las marchas llevaron la información hacia los barrios con mayores carencias dentro del radio afectado por la obra. La participación constante contaba con mayoría de mujeres, algunas de ellas planteaban tener la "misión" de dar a conocer la peligrosidad de la obra en cuestión.
La recepción de aquellos barrios a los que llegaron para informar, no fue buena pues la situación respondía a un equívoco, los habitantes decían defender al intendente y al gobierno. Se les había informado por fuentes oficialistas que el tendido de 132 kv. era para iluminar las calles, y luego asfaltar para que entre al barrio un medio de transporte.
El municipio alimentó este y otros equívocos. Pues se presentaban en reuniones con las manzaneras de los barrios, invitaban a otros vecinos y se manejaba la situación como si se tratara deuna contienda política, por lo que se veían obligados a prometer mejoras a cambio de : aceptar la colocación de las torres.
Aunque desde el comienzo los vecinos se opusieron a que los partidos políticos intervengan como tales; la coyuntura generó una comunicación bastante fluida entre distintos miembros de la comunidad, como por ejemplo los concejales locales, y de éstos con sus superiores jerárquicos los diputados y senadores provinciales.
Frente al devenir de los acontecimientos, las marchas fueron ampliando sus consignas, y se incluían los argumentos legales. Una de las maneras de manifestarse fue la de hacer sentadas sobre las columnas ubicadas en las calles, con el fin de evitar que los trabajadores las erigieran en los pozos correspondientes. Dicha modalidad resultó ser ilegal por lo que la justicia, dio curso al pedido de amparo de EDESUR S.A. El juez que ya había enviado a la policía y a la Gendarmería Nacional en varias oportunidades ; finalmente dio la orden de reprimir.
El día 7 de marzo opera en el conflicto por las Torres de Alta Tensión como una bisagra que permitió que la justicia tomara en cuenta el caso presentado por las asociaciones intermedias y por algunos vecinos en forma particular. Además sirvió para que se diera a conocer a la opinión pública en general a través del periodismo de alcance nacional e internacional, puesto que ese día no sólo la prensa local se ocupó de Ezeiza y de las torres de alta tensión.
Luego de la jornada de violencia del día 7 de marzo, las marcha que se organizaron tuvieron en algunas oportunidades la presencia de la televisión, y los manifestantes accedieron siempre a seguir las instrucciones de los camarógrafos, fotógrafos y periodistas. Se llevaba a cabo una suerte de misse en scene delante de las cámaras.
En el plano local el resultado de la jornada de violencia, fue un cambio de la imagen de las autoridades municipales, al intentar acercarse a la gente, y comenzar a gestionar las acciones correspondientes con el municipio de Estéban Echeverría que había firmado la aceptación de las obras.
A nivel extra - partido se suscitaron discusiones por el tema en distintos barrios, más puntualmente en del partido La Matanza.
Y finalmente, Edesur, como empresa eléctrica tuvo que responder a algunos accionistas nacionales y extranjeros acerca de un accionar tan poco favorable como antecedente, para la totalidad de empresas eléctricas.
Concretamente a partir de este conflicto se extendió la preocupación a todas aquellas comunidades donde se ha llegado a cabo un proyecto semejante y/o se está por emprender alguno de dimensiones semejantes.
La comunidad del partido de La Matanza, localidad de Isidro Casanova y Rafael Castillo iniciaron intercambios de experiencias con los protagonistas del 7 de marzo, los vecinos de Ezeiza. Llevaron a cabo reuniones que incluían a concejales de los respectivos municipios y a senadores provinciales.
Entre los puntos que se discuten en las reuniones, se propone que estas se lleven a cabo en los barrios donde se planea hacer las obras ,y se cuestiona la legitimidad de las Audiencias Públicas tal como se realizan.
Ezeiza siempre fue una localidad identificada por el aeropuerto y por el barrio Justicialista N°1 que se encuentra ubicado en la intersección de la Autopista Richieri y la Av J. Newbery. El conflicto iniciado en el verano 1995 -1996, fomentó la interacción entre los barrios de la localidad, y aportó con su movilización de varios meses para forjar la identidad de un pueblo que surgía como partido autónomo.
El tipo de respuesta generada es muy característica de la década de los ´90, aunque no exclusiva. Puesto que autores como Castells, vienen registrando estas respuestas en las comunidades urbanas, ya desde los 70´.
La población de la presente década se enfrenta a cambios estructurales que la obligan a adecuar sus reclamos frente a un Estado que, entre otras cosas ha cambiado su participación en cuanto a los servicios ofrecidos a la comunidad. En los procesos de las "luchas sociales", suelen verse reacciones a veces originales que son fruto de la creatividad colectiva de aquellos que enfrentan un mismo problema.
En general las movilizaciones en una ciudad, involucran grupos de personas con los mismos intereses, pese a que los integrantes respondan a distintos niveles socio - económico e ideologías. Su característica es la de ser una "lucha" en nombre de los derechos que les asisten pero no son cumplidos por alguna de las partes integrantes de la sociedad.
En cuanto a la dinámica se observó la distribución de tareas y la comunicación cara a cara entre los involucrados tal como ha observado Castells, y lo indica en sus trabajos. Se presenta una fase más informal, que responde a los tiempos personales, tal como las reuniones entre vecinos en alguna vivienda, las visitas informativas ; y otra organización más formal como lo fueron las entidades de bien público con personería jurídica, y algunos particulares, que debe enfrentar la instancia institucional, y los medios de comunicación masiva.
En el presente conflicto se evidencia la importancia de un estudio de impacto social y ambiental. De su evaluación se pueden obtener los datos que permitan describir previamente las posibilidades de éxito de la obra. El caso contrario es el que se ha suscitado, el retraso de las obras, pérdidas de carácter económico por destrozos ocasionados por la indignación de algunos de los afectados.
Los medios de comunicación resultaron un puente entre las comunidades afectadas por las ampliaciones del sistema de distribución eléctrica. Saliendo a la luz un conflicto por el uso de espacio urbano aéreo, y su alternativa subterránea, y su relación con la protección del medio ambiente y la salud de la población. Con la puesta en estado público de los estudios existentes acerca del impacto en la salud y el medio, ocasionado por los campos electromagnéticos ; surge un interrogante respeto de la calificación que se hace en la legislación vigente en materia energética. Y respecto de los resultados del conflicto al que se hace referencia, es un punto para tener en cuenta, además del cumplimiento del enunciado legal que menciona los estudios de impacto social ; la revalorización de la participación de los profesionales en los estudios sociales de prefactibilidad de obras públicas.
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Honorable Consejo Deliberante Informes emitidos - meses de enero y setiembre de 1996.
Secretaría de Energía. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra y Alta Tensión. Bs. As. 1992.
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